Principales cambios en la entrega de tierras en usufructo con el nuevo Decreto-Ley

A medida que se acerca el próximo 7 de octubre, se aproxima también la entrada en vigor de las normativas aprobadas en el Decreto-Ley 358, que contienen novedades sobre el proceso de entregas de tierras en usufructo tanto a personas naturales como jurídicas.

El 7 de agosto del presente año, el Consejo de Ministros aprobó nuevas modificaciones a la política para la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo. Según palabras de Orlando Díaz Rodríguez, director jurídico del Ministerio de la Agricultura (MINAG), dichas medidas “parten de la importancia de consolidar el proceso, y les otorgan mayores garantías a los usufructuarios, a la vez que permiten un mayor control estatal sobre el uso eficiente y racional de la tierra, en aras de desarrollar la producción agropecuaria y forestal del país”. En este artículo repasaremos un poco este tema y las novedades que nos trae este Decreto-Ley.

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Comienzos del proceso

Cuando hablamos de desarrollo económico, un punto indispensable al que referirnos lo constituye el progreso del sector agrícola. Con el propósito de encontrar cauce oportuno a las dificultades que se enfrentaban en este sector, hace aproximadamente 10 años surgió la alternativa de entregar en usufructo las tierras estatales ociosas. En 1993, el Decreto-Ley 142 aprobó la creación de las UBPC (Unidades Básicas de Producción Cooperativa), las cuales recibieron tierras en usufructo y es la primera entrega masiva del Estado a los productores.

Sin embargo, no es sino a partir del 2008 que, debido a la situación en general del país y al continuo deterioro de la agricultura, se decide entregar la tierra además a personas naturales con la aprobación del Decreto-Ley 259. Cuatro años más tarde los favorables  resultados alcanzados dieron pie a otra renovación de dicha política mediante el Decreto-Ley 300. Como declaró Díaz Rodríguez: “no son medidas aisladas, sino que forman parte de un sistema, integrado además por decisiones que acompañan el cumplimiento de los acuerdos del 7mo.Congreso del Partido, así como otras en el ámbito de la agricultura, entre las que se hallan la aprobación de la política de ventas directas por los agricultores pequeños a las entidades del turismo y las destinadas al perfeccionamiento de la gestión de las bases productivas”.

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Opinión especializada sobre la entrega de tierras en usufructo

“Las nuevas normas jurídicas son el resultado de un proceso que lleva 10 años de las opiniones de los productores”; continuó el funcionario, quien además explicó que “las modificaciones le otorgan mayores garantías a los usufructuarios de tierra”.

Por otra parte, Eddy Soca Baldoquín, director de Suelos y Control de la Tierra del MINAG; declaró al respecto que: “Otro de los aspectos que nos ha hecho rectificar es que debemos contextualizar las regulaciones según las circunstancias del país. Hoy disponemos de más recursos que se han puesto en manos de los productores”.

Las nuevas modificaciones –que derogan el Decreto Ley 300 y su reglamento– permitirán incentivar al campesinado cubano, puntualizó Soca Baldoquín, y están basadas en el estudio de las experiencias prácticas en la aplicación de las anteriores normas jurídicas, y de los reclamos de los productores en diversos escenarios.

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Modificaciones principales

– Autorizar a las personas naturales que reciban tierras o que ya la recibieron; para que se puedan vincular a las empresas agropecuarias, azucareras o forestales.

Al respecto Orlando Díaz comentó que: “La vinculación es una relación contractual con la entidad; con el fin de recibir servicios, que se le vendan insumos o comercializar sus producciones”. Puede ser valiosa especialmente en las producciones agroindustriales como el arroz y los frutales.

– Autorizar a las personas naturales usufructuarias para que se puedan integrar voluntariamente como trabajadores de las empresas agropecuarias, azucareras o forestales; que gestionen estatalmente la explotación de tierras, lo que conlleva la extinción del usufructo.

La medida permite un mayor alcance de la responsabilidad que tiene la empresa estatal en la atención directa a los usufructuarios, que implica la prestación de servicios; la venta de insumos y la comercialización de sus producciones, significó Díaz Rodríguez. Añadiendo que la integración requerirá la entrega de la tierra que posee el campesino en usufructo; para luego convertirse en obrero o cooperativista.

– Autorizar la entrega de áreas ociosas de la ganadería comercial para las producciones de cría y ceba a personas naturales; hasta que se demande su utilización. Según el programa de desarrollo ganader;, no entregar las áreas destinadas a la producción de leche que tienen su programa. Ratificar la no entrega de áreas destinadas a la ganadería genética. Se incluye la entrega de tierras en usufructo a personas jurídicas de las tierras dedicadas al acercamiento de áreas cañeras a los centrales azucareros y las bio-eléctricas. (Antes era solo a las jurídicas).

En ese sentido, el Director Jurídico del MINAG explicó que en el anterior decreto no se aprobó la entrega de tierras de la ganadería comercial, pues muchas de las áreas corresponden a programas de desarrollo.

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Algunas flexibilizaciones sobre la entrega de tierras en usufructo

No obstante, la actual flexibilización permite entregar superficies sujetas a término, hasta que se demande su empleo según el programa de desarrollo ganadero.

– Aprobar la vigencia del usufructo de tierras para todas las personas naturales por el término de 20 años, prorrogables sucesivamente por igual término y para las personas jurídicas por tiempo indefinido, siempre que se cumplan las obligaciones pactadas.

– Se incrementa de 13.42 hectáreas a 26,84 hectáreas (2 caballerías)  el área máxima a entregar en usufructo a las personas naturales que solicitan tierra por primera vez para las producciones agropecuarias y forestales.

Se espera que tanto la extensión de término (antes eran 10 años) así como la prorrogación contribuya a la incentivación del campesinado cubano a optar por esta alternativa. La cantidad de tierras también se duplica con esta ley. “La experiencia práctica en la aplicación del Decreto-Ley 300 nos enseñó que era necesario ampliar el término, sobre todo en las producciones de ciclo largo como el tabaco; el café, la ganadería, entre otras. Y para el caso de las personas jurídicas pueden solicitar la tierra por tiempo indefinido; que anteriormente solo se podía tener hasta 25 años”, explicó el  director Jurídico del MINAG.

– Disponer la extinción parcial del usufructo a personas naturales y jurídicas, cuando se requiera emplear parte del área por utilidad pública o interés social.

“Si es necesario utilizar la tierra para un programa de inversión, por ejemplo una carretera, no es necesario entregar toda la tierra sino solo lo que se afecte”, aclaró Díaz Rodríguez. En este proceso, al usufructuario se le indemniza con el valor de las bienhechurías, y se tiene en cuenta; que las producciones en el área cumplan su ciclo productivo, explicó Díaz Rodríguez.

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Temas económicos y otras posibilidades a las personas que se acojan a tierras en usufructo

Además, en el caso de que el usufructuario presente deudas pendientes de pago y no tenga posibilidades de liquidarlas, la entidad que recibe las tierras asume su pago, abundó el especialista.

– Autorizar para la construcción de bienhechurías hasta el tres por ciento del área entregada para producciones agropecuarias y forestales que lo requieran. Autorizar al Delegado o Director Municipal de Agricultura para aprobar las prórrogas del contrato de usufructo.

– Establecer que el usufructuario que recibe tierra con bienhechurías, una vez avaluadas por la empresa, realizará el pago de las mismas a su propietario, para ello podrá solicitar crédito bancario.

¿Qué se comprende como bienhechuría? Pues edificaciones, instalaciones u otras obras necesarias para la atención y protección a los cultivos, animales y plantaciones; la conservación y el mejoramiento de los suelos y las cosechas (por ejemplo un pozo, un almacén, una caseta de riego). Los bosques, las plantaciones temporales y permanentes, y las labores agrícolas de preparación de tierras y cultivo; necesarias para la producción. También las viviendas del usufructuario y sus familiares. Anteriormente solo se permitía hasta el 1%; sin embargo, como afirmó Díaz Rodríguez. “Determinadas actividades de la agricultura, como el tabaco o la ganadería, requieren un componente mayor de instalaciones y obras en tierra”; por eso la modificación. Además, con las normas vigentes también se debía pagar las bienhechurías que se recibieran; mientras que ahora se brinda la facilidad de que se pueda hacer mediante un crédito bancario.

Las modificaciones comprenden elementos novedosos respecto a los procedimientos. Entre ellos se encuentran:

– Autorizar excepcionalmente al Delegado o Director Provincial de Agricultura para el uso con este fin, del financiamiento asignado a la entidad que dirige para la compra de fincas, aportando al Presupuesto del Estado el monto utilizado una vez cobrado al que recibe la tierra.

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Eliminando las solicitudes múltiples

A partir de radicado el expediente de solicitud de tierras estatales ociosas en usufructo, no se reciben más solicitudes sobre esa misma área; para eliminar los casos de solicitudes múltiples. El Director de Agricultura dicta providencia de archivo definitivo cuando el solicitante desista de su solicitud; o no se persone luego de haber transcurrido 15 días de haberlo citado. Se ajustaron algunos términos para la realización de acciones necesarias en el proceso, como el aumento hasta 30 días naturales; para la entrega de la tierra por el Delegado o Director de Agricultura. Hasta 10 días, para la notificación de la Resolución que aprueba o niega el usufructo. Además, se disminuyó a 20 días el término; para la comprobación de las solicitudes de incremento de áreas.

Además, quedó aprobada la posibilidad de establecer recurso de apelación, cuando no se entrega la totalidad del área solicitada, así como que al declararse con lugar cualquier recurso, se dispone la entrega de la tierra en la propia resolución.

– En la disposición transitoria única del Decreto Ley No. 358/18 se regula la obligatoriedad de los usufructuarios de tierras de afiliarse al régimen especial de Seguridad Social en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del mismo.

Este último es otro aspecto que ya estaba regulado, pero ahora se añade el plazo de hasta seis meses para ejecutarlo, y se relaciona directamente con las nuevas causales para la extinción del contrato.

Además, “se incorpora el control sobre la categoría agro-cultivo del suelo. Desde ahí ya sabemos a qué se puede utilizar y orientar a las personas”, agrega Eddy Soca.

Por otra parte, se incorpora que quienes soliciten ampliarse deben acreditar que  mantienen sus tierras en producción y los que no las poseen demostrar que se encuentran aptos física y mentalmente.

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Nuevas causales para la extinción del contrato

– La utilización de financiamientos ilícitos para el desarrollo de las producciones.

– El incumplimiento de lo dispuesto por el régimen de la seguridad social (que ya habíamos mencionado).

– Que los usufructuarios no trabajen y administren de forma personal y directa las tierras (aunque podrán contratar fuerza de trabajo para realizar las labores agrícolas que garanticen sus producciones, cumpliendo las regulaciones establecidas para ello).

– Manifestar una conducta moral y social contraria a los principios éticos de nuestra sociedad.

– El incumplimiento por el usufructuario de las obligaciones establecidas en el Decreto Ley y su Reglamento.

Respecto al punto de la Seguridad Social, Ana Margarita Martín Pérez, directora de política y proyecciones del Instituto Nacional de Seguridad Social, ahondó sobre la importancia de afiliarse al régimen especial de seguridad social para el caso de los usufructuarios.

La especialista indicó que no tienen que hacerlo aquellos acogidos por otra condición, “como los asalariados del sector estatal; que tienen una protección por el régimen general de seguridad social. Quienes están afiliados a otro régimen especial; o el que ya está jubilado y establece un contrato de usufructo”.

Los beneficios de la legislación se materializan en la protección durante la edad de la jubilación; en los casos de una invalidez total temporal o permanente, o de una usufructuaria embarazada hasta el año de nacido el bebé, añadió.

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Crecimiento insuficiente

Según datos ofrecidos por Soca Baldoquín, durante los últimos10 años se han entregado en usufructo más de 2,1 millones de hectáreas, de las cuales, se han devuelto 700 mil. Por tanto, en la actualidad, se encuentran 1,4 millones en usufructo. Se han rescindido unos 73 mil contratos y se han realizado 221 mil en total, hoy quedan 155 mil vigentes.

-Total de solicitudes realizadas: 289 mil 474

-Aprobadas: 244 mil 851

Desde el 2008 hasta la actualidad todas las producciones crecen en el sector no estatal. Sin embargo, “son muy insuficientes aún. Nos falta mucho por hacer, para poder llevarle a la población todo lo que necesita”, reconoció el funcionario.

Crecimiento anual en el sector no estatal:

    Viandas y hortalizas: 5,3 %.

    Maíz: 6 %.

    Fríjol: 8 %.

    Arroz cáscara húmeda: 6 %

    Frutales: 6 %.

    Leche vacuna: 2,9 %

    La masa vacuna: 833 mil cabezas

    La carne vacuna: 25 mil toneladas (en los 10 años)

“A partir del 2014, el MINAG ha puesto cada vez más implementos y maquinarias en manos de los productores”, declaró Soca. ““Además, se ha logrado colocar en todos los municipios del país, las tiendas para la venta de insumos a los productores. Para nada sabemos que satisfacen todas las necesidades, pero la situación ha mejorado con respecto a una década atrás”.

La producción ha evolucionado sobre todo en épocas más reciente, pero en los primeros años fue más complicado debido a la falta de equipos; problema que todavía persiste, aunque en menor medida.

Sin embargo los datos del MINAG muestran que en 2017 permanecían ociosas 917 mil 299 hectáreas de la superficie agrícolas, de ellas; unas 350 mil 284 están disponibles para la entrega a personas naturales. Todavía es necesario hacer mucho para motivar a que más campesinos se sumen al proceso.

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Relacionado: Produce menos = Paga más

Cómo ya habíamos comentado en nuestra página (https://rincon-cubano.com/julio-traera-modificaciones-en-el-sistema-tributario-para-pinar-del-rio-y-cienfuegos/), y de acuerdo a lo previsto en la Ley No. 125 del Presupuesto del Estado para el año 2018, se dispuso iniciar la aplicación gradual del Impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales; comenzando por las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos.

“Este gravamen ya estaba establecido desde la Ley 113. La misma enmarca una serie de impuestos que se irán aplicando progresivamente en el país. Se aplica sobre la ociosidad de tierras agrícolas y forestales; tanto a personas naturales y jurídicas que posean tierras en esta situación. Sean estas de su propiedad o estatales, que resulten del Balance de Uso y Tenencia de la Tierra; actualizado en fecha 30 de junio”, detalló Belkis Pino Hernández, Vice-jefa de la Oficina de la Administración Tributaria (ONAT).

La carga tributaria tendrá en cuenta  tanto la categoría de la tierra, y la cantidad de hectáreas declaradas en desuso.

“En el caso de las provincias incorporadas al experimento; el Ministerio de la Agricultura culminó el balance de tierras el 30 de junio. Luego de este proceso se emite el certificado de Explotación de tierras agrícolas y forestales; por parte de las delegaciones o direcciones de la Agricultura”, añadió. El punto del impuesto no es tanto recaudar, como “motivar a las personas a explotar las tierras”, enfatizó. Por esa razón “paga más el campesino que ha dejado de producir en tierras de mayor calidad”.

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Impuestos dedicados a programas agropecuarios del país

Es importante señalar, además, que la Ley Tributaria establece en su Artículo 182, que los ingresos recaudados por concepto de este Impuesto se destinan al desarrollo de los programas agropecuarios del país.

“Los obligados al pago por Tierras Ociosas lo harán anualmente; dentro de los primeros 5 meses de cada año fiscal, en las sucursales bancarias”, declaró. Además, el primer pago se realiza dentro del término de 60 días naturales siguientes a la notificación de la ociosidad de las tierras; pagando la parte proporcional del Impuesto, correspondiente a los meses que en esa fecha faltan para finalizar el año; descontando el mes de la notificación.

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Breve ejemplo del funcionamiento de este tributo

Pequeño agricultor que posee 13 hectáreas de tierra de Categoría II,  de ellas 5 hectáreas han sido calificadas como ociosas.

Debe pagar:

5ha x 135.00 = 675.00.

En 2018, al ser el 1er año de aplicación del impuesto, solo paga 5 meses.

675,00/12 x 5 = 281,25

Se dio a conocer que hasta la fecha se han notificado con las certificaciones a más de 4500 contribuyentes que deben pagar el impuesto.

“Esta calificación  de Tierras Ociosas no es definitiva; porque los obligados a este Impuesto podrán solicitar al Ministerio de la Agricultura. El cambio de la calificación de sus tierras ociosas, una vez que se certifique que las tierras  ya se encuentran en explotación; cesando así la obligación de pago”.

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Carlos

Joven emprendedor cubano, lleno de sueños y ambiciones. Director del proyecto Rincón-Cubano, con muchas ganas de trabajar y sacarlo adelante. Aficionado de la escritura y amante de este mi país

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